Obtener la licencia de conducción en Colombia podría haberse convertido en un trámite mucho más costoso. El proceso, que actualmente puede representar un gasto cercano a $1,4 millones, podría llegar hasta los $2,2 millones con la entrada en funcionamiento de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).
Ante este panorama, el Ministerio de Transporte decidió aplazar la entrada en operación de los CALE mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026. La decisión busca revisar tanto la estructura del nuevo modelo como los costos que terminarían asumiendo los ciudadanos en la licencia.
La diferencia no es menor: de implementarse el esquema bajo las condiciones previstas, el aspirante podría terminar pagando hasta $800.000 pesos adicionales por el proceso para obtener su licencia.
¿Qué son los CALE y por qué cambiarían el proceso?
Los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación fueron diseñados como entidades independientes encargadas de comprobar que una persona realmente cuenta con las capacidades necesarias para conducir, separando esta función de la formación que actualmente realizan las escuelas de conducción.
Es decir, las academias se encargarían de enseñar a conducir, mientras que los CALE tendrían la responsabilidad de evaluar de manera independiente las competencias de los aspirantes antes de que obtengan o recategoricen su licencia.
El modelo está relacionado con la Ley 2251 de 2022, que continúa vigente. Sin embargo, el Ministerio decidió revisar la forma en que se está implementando antes de hacer obligatorio este nuevo requisito para los ciudadanos.
El costo que encendió las alarmas
Uno de los principales puntos de discusión es precisamente el impacto económico. Según el Ministerio de Transporte, actualmente sacar una licencia puede costar alrededor de $1,4 millones de pesos, mientras que con los CALE el proceso podría alcanzar los $2,2 millones de pesos.
Esto representaría un incremento de aproximadamente 57 % en el costo total del proceso, dependiendo de las condiciones y tarifas que finalmente se establezcan.
La cartera señaló que no busca frenar las medidas destinadas a mejorar la seguridad vial, sino evitar que nuevos costos sean trasladados a los ciudadanos sin demostrar previamente que son necesarios y que efectivamente producirán mejores resultados.
También revisarán el contrato con la UNAD
El Ministerio anunció que analizará la capacidad de los centros registrados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de la legalidad del contrato y la relación entre los costos del modelo y sus posibles beneficios para la seguridad vial.
El esquema fue estructurado mediante un contrato interadministrativo con la UNAD y, de acuerdo con el Ministerio, su operación podría movilizar cerca de $20 billones de pesos durante los próximos 20 años.
Otro de los aspectos que será revisado es que la UNAD quedó como único operador contratado, pese a que otras universidades públicas manifestaron cumplir los requisitos y solicitaron participar en el proceso. Esta situación derivó en tutelas, denuncias y solicitudes de revocatoria.
¿Qué pasará ahora con la licencia de conducción?
Por ahora, los CALE no entrarán en operación bajo el cronograma inicialmente previsto. El Ministerio realizará una revisión integral del esquema antes de definir cuáles serán los siguientes pasos.
Es importante aclarar que la decisión no elimina la Ley 2251 de 2022. El Ministerio aseguró que cumplirá la legislación vigente, pero primero evaluará la estructura del modelo, sus costos, la capacidad de los centros y los aspectos jurídicos relacionados con su implementación.
La fecha inicialmente prevista para hacer exigible el certificado relacionado con el nuevo esquema era el 14 de septiembre de 2026, pero la Circular 0317 aplazó esta exigibilidad mientras se realiza la revisión.
Así, quienes estén pensando en sacar o recategorizar su licencia deberán estar atentos a las próximas decisiones de MinTransporte, pues de la revisión dependerá si los CALE finalmente entran en funcionamiento, bajo qué condiciones y cuánto terminarán pagando los conductores.
Por ahora, el mensaje del Gobierno es claro: la seguridad vial seguirá siendo el objetivo, pero el Ministerio quiere revisar si el costo del nuevo sistema terminaría cayendo directamente sobre el bolsillo de los colombianos.
