La entrada en vigencia de la nueva resolución que modifica el reglamento del sector transporte encendió las alarmas entre los actores del mercado automotor en Colombia.
Desde la Aconauto, el diagnóstico es contundente: el país estaría regresando a un modelo que ya demostró ser ineficiente y problemático.
Según el gremio, la normativa no solo introduce nuevas barreras de acceso al mercado, sino que además altera el equilibrio natural entre oferta y demanda en el segmento de vehículos de carga.
¿CUÁL PODRÍA SER EL RESULTADO?
El resultado, advierten, podría ser un freno en la modernización del parque automotor y un impacto directo en la competitividad del país.
La crítica no es menor si se tiene en cuenta el contexto actual del sector, donde la renovación tecnológica y la eficiencia logística son factores clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad del transporte.
EL FRENO A LA RENOVACIÓN Y EL COSTO DEL FOPAT
Uno de los puntos más cuestionados es el impacto del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT). De acuerdo con Aconauto, la exigencia de pagar un 25% adicional para matricular un vehículo nuevo no incentiva la renovación, sino que la ralentiza.
Este tipo de medidas, lejos de promover la modernización del parque automotor, terminan encareciendo el acceso a tecnologías más limpias y eficientes. En la práctica, esto podría traducirse en una permanencia más prolongada de vehículos antiguos en operación, afectando no solo la productividad, sino también el medio ambiente.
Además, el gremio cuestiona que la responsabilidad de formalizar el sector transporte recaiga indirectamente sobre los ciudadanos, cuando debería ser un proceso liderado por los propios transportadores y regulado de manera más eficiente por el Estado.
BARRERAS DE ENTRADA Y DISTORSIONES DEL MERCADO
Otro de los argumentos centrales gira en torno a las barreras que, según los concesionarios, impone la nueva regulación. Aunque el Ministerio de Transporte ha defendido la medida asegurando beneficios para un sector estratégico, la percepción desde la industria es completamente opuesta.
El esquema de reposición, en el que un vehículo antiguo debe salir para que uno nuevo ingrese, es señalado como una práctica que en el pasado generó distorsiones en precios y oportunidades para prácticas irregulares. Para Aconauto, este modelo ya demostró ser una fuente de corrupción y no una solución sostenible.
A esto se suma la falta de claridad sobre el cambio de servicio de vehículos particulares a públicos, un punto que, según el gremio, abre la puerta a la entrada de actores no deseados y a una posible informalidad creciente dentro del sistema.
IMPACTO EN LA LOGÍSTICA Y LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
El gobierno ha defendido la resolución bajo el argumento de que busca un sistema logístico más eficiente, seguro y competitivo. Sin embargo, desde el sector automotor advierten que la realidad podría ser exactamente la contraria.
Restringir el ingreso de vehículos nuevos no solo limita la innovación, sino que también afecta la capacidad operativa del transporte de carga. Esto podría traducirse en mayores costos logísticos, menor eficiencia en la distribución de mercancías y, en consecuencia, un impacto directo en la economía nacional.
En un país donde el transporte terrestre es fundamental para el abastecimiento y la conectividad regional, cualquier distorsión en este sistema tiene efectos en cadena que van mucho más allá del sector automotor.
ACONAUTO SUBE EL TONO Y APUNTA AL GOBIERNO
El pronunciamiento del gremio no se quedó en lo técnico y también incluyó fuertes declaraciones sobre el enfoque del gobierno. Desde Aconauto aseguran que existe una desconexión entre las políticas públicas y las necesidades reales del sector productivo.
En palabras de su presidente ejecutivo, Pedro Nel Quijano, la visión del gobierno refleja una lógica que, según él, prioriza decisiones que terminan afectando la generación de riqueza en el país.
Incluso, las críticas se extienden hacia el enfoque del presidente Gustavo Petro, cuestionando su postura frente a la infraestructura vial y su impacto en la economía.
UN DEBATE EN EL TRANSPORTE QUE APENAS COMIENZA
La polémica alrededor de esta resolución apenas comienza y promete convertirse en uno de los debates más relevantes del sector transporte en 2026. Mientras el gobierno defiende la medida como un paso hacia la formalización, los concesionarios advierten que podría tener el efecto contrario.
El choque de visiones deja en evidencia una tensión estructural: la necesidad de regular el sector sin frenar su crecimiento ni abrir espacios a la informalidad. El verdadero impacto de la medida se verá en los próximos meses, cuando el mercado reaccione y se evidencien sus efectos reales.
Por ahora, la industria automotriz lanza una advertencia clara: cualquier política que limite la renovación, distorsione el mercado y encarezca el acceso a tecnología, no solo afecta al sector, sino a toda la economía del país.
