Los conductores colombianos podrían enfrentarse a una nueva obligación económica. El Proyecto de Ley 227 de 2025, actualmente en discusión en el Congreso, propone la creación de un seguro obligatorio para todas las personas que posean una licencia de conducción vigente en el país, independientemente de si tienen o no un vehículo registrado a su nombre.
La medida, contemplada en el artículo 37 de la iniciativa legislativa, busca garantizar la reparación de daños materiales causados a terceros como consecuencia de un siniestro vial.
Sin embargo, la propuesta ya ha despertado fuertes cuestionamientos debido al impacto económico que tendría sobre millones de ciudadanos.
El seguro estaría ligado a la licencia y no al vehículo
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que la obligación recaería sobre el titular de la licencia de conducción y no sobre el vehículo, como ocurre actualmente con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Esto significa que cualquier persona con licencia activa tendría que adquirir la póliza, incluso si no posee automóvil o motocicleta, o si no conduce de manera habitual. Solamente quedarían excluidos quienes tengan la licencia vencida, suspendida o cancelada.
Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), cerca de 13 millones de conductores colombianos cuentan actualmente con una licencia de conducción vigente, lo que ampliaría significativamente el universo de personas obligadas a asumir este nuevo costo.
Coberturas mínimas y debate sobre el costo
El proyecto establece coberturas mínimas equivalentes a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes para licencias de automóviles y siete salarios mínimos para motocicletas.
El representante a la Cámara Daniel Briceño ha sido uno de los principales críticos de la iniciativa. A través de diferentes intervenciones públicas y publicaciones en redes sociales, el congresista ha advertido que la medida representaría una carga adicional para los conductores, sumándose al pago anual del SOAT.
Briceño sostiene que el texto establece que el valor de la prima no podría superar el 0,5 % del monto asegurado. Bajo esa interpretación, estima que el costo máximo anual para los conductores de un automóvil rondaría los 131.000 pesos.
Sin embargo, el congresista considera que ese valor sería insuficiente para que las aseguradoras operen el producto de manera sostenible. «Eso, en la práctica, es una póliza de papel», ha señalado, argumentando que ni siquiera cubriría los costos administrativos asociados a la expedición y gestión del seguro.
Según sus cálculos, si el mercado terminara ajustando las primas a condiciones comerciales más cercanas a la realidad del sector asegurador, un motociclista podría llegar a pagar cerca de 367.000 pesos al año, mientras que los conductores de un automóvil asumiría un costo aproximado de 786.000 pesos adicionales al SOAT.
La preocupación por el impacto económico
La principal alerta gira en torno al efecto que tendría la medida sobre el bolsillo de los ciudadanos. Los críticos del proyecto advierten que millones de conductores deberían asumir un nuevo gasto anual simplemente por mantener vigente su licencia de conducción, sin importar si son propietarios de un vehículo o si utilizan activamente ese documento.
Para sus detractores, la iniciativa podría traducirse en una obligación económica generalizada que ampliaría considerablemente los costos asociados a la movilidad en Colombia.
¿Qué sigue para el proyecto?
Por ahora, el seguro obligatorio aún no es una realidad. El Proyecto de Ley 227 de 2025 deberá superar todos los debates reglamentarios en las comisiones y plenarias del Congreso antes de convertirse en ley.
En caso de ser aprobado y posteriormente sancionado por el presidente de la República, la norma entraría en vigencia seis meses después de su promulgación.
Mientras avanza la discusión legislativa, el debate ya está abierto entre quienes consideran necesario fortalecer los mecanismos de reparación de daños en accidentes de tránsito y quienes advierten que la medida podría convertirse en una nueva carga económica para millones de conductores colombianos.
