Durante años, Colombia ha sido uno de los mercados más importantes para las motos en América Latina, pero ahora el Gobierno quiere que el país dé un paso adicional: no solo vender motos eléctricas, sino también producirlas y fortalecer una cadena industrial alrededor de esta tecnología. La nueva medida busca convertir la transición energética en una oportunidad para la industria nacional.
El cambio está relacionado con el nuevo régimen de ensamble para motocicletas, que contempla un arancel de 0 % para las motos y ciclomotores eléctricos ensamblados en Colombia a partir de material CKD importado. La medida pretende reducir costos asociados al proceso industrial y, al mismo tiempo, incentivar a las empresas a aumentar su participación en el segmento eléctrico.
La apuesta no se limita a ofrecer un beneficio a las ensambladoras. El Gobierno busca que el crecimiento de las motos eléctricas tenga un efecto sobre proveedores, fabricantes de componentes, empleo y generación de valor dentro del país. De hecho, el Ministerio de Comercio señala que cerca del 90 % de las motocicletas comercializadas en Colombia ya son ensambladas localmente y que esta industria genera alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos.

El beneficio tiene una condición clave
El punto que puede cambiar las reglas para las ensambladoras está en el porcentaje de producción eléctrica que deberán alcanzar. Para acceder al beneficio y extenderlo a toda su producción, una empresa tendrá que demostrar que al menos 20 % de sus motocicletas y ciclomotores producidos corresponden a modelos eléctricos.
Esto significa que el incentivo no está diseñado simplemente para reducir el costo de importar componentes. La intención es empujar a las compañías a incorporar progresivamente la movilidad eléctrica dentro de sus líneas de producción y convertirla en una parte relevante de su negocio.
La condición también genera un efecto particular: cuando una ensambladora cumpla ese umbral del 20 %, el beneficio del arancel de 0 % puede extenderse a la totalidad de su producción, incluyendo tanto motos eléctricas como motos de combustión. Es decir, la tecnología eléctrica se convierte en la llave para obtener una ventaja arancelaria mucho más amplia.

Colombia quiere fabricar más componentes
El nuevo esquema también pone la mirada sobre las motopartes, porque el Gobierno busca que la transformación de la industria no dependa exclusivamente de importar piezas para ensamblarlas en el país. Por eso, el régimen establece condiciones relacionadas con la integración de componentes nacionales.
Uno de los requisitos está relacionado con el Porcentaje de Integración Nacional (PIN). Además, para contabilizar determinadas compras locales dentro de este indicador, el material productivo deberá incorporar al menos un 40 % de valor agregado nacional.
En otras palabras, la meta es que la llegada de más motos eléctricas no se traduzca únicamente en más operaciones de ensamblaje. La expectativa es que también crezcan los proveedores colombianos de piezas, componentes e insumos, generando nuevos encadenamientos industriales alrededor de la movilidad eléctrica.

Una oportunidad para la industria nacional
El movimiento forma parte de una estrategia más amplia de reindustrialización que el Gobierno viene impulsando durante 2026. En junio, el Ministerio de Comercio puso en marcha instrumentos para atraer inversiones y fortalecer la producción de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia, con la intención de convertir al país en una plataforma regional de producción.
En el caso de las motocicletas, el escenario resulta especialmente relevante porque se trata de uno de los segmentos con mayor presencia en las calles colombianas. Si una parte cada vez más grande de esa producción comienza a migrar hacia tecnologías eléctricas, las plantas nacionales podrían convertirse en un punto de desarrollo para nuevos modelos y componentes.
El desafío, sin embargo, será conseguir que exista suficiente demanda para sostener esa transformación. El beneficio arancelario puede facilitar la producción, pero las marcas también necesitarán precios competitivos, infraestructura de carga, disponibilidad de repuestos y consumidores dispuestos a cambiar una moto convencional por una alternativa eléctrica.

El verdadero impacto podría llegar después
La medida también plantea una pregunta importante: ¿podría Colombia convertirse en un centro de producción de motos eléctricas para otros mercados de la región? Por ahora, el objetivo inmediato es fortalecer la producción nacional, pero una industria con mayor integración local podría tener mejores condiciones para competir posteriormente en mercados internacionales.
El Gobierno ya está utilizando una lógica similar para los automóviles eléctricos. El Decreto 0595 de 2026 creó el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos y mecanismos para atraer nuevos proyectos industriales relacionados con vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
La diferencia es que las motocicletas parten de una posición industrial mucho más consolidada. Colombia ya cuenta con una amplia experiencia en su ensamble y una red de proveedores, por lo que la electrificación podría aprovechar una infraestructura existente en lugar de comenzar desde cero.

Una nueva batalla por la movilidad eléctrica
Para los consumidores, el efecto más interesante podría aparecer en los próximos años. Si las empresas aumentan la producción local de motos eléctricas, se genera mayor competencia y aparecen más modelos, podría existir espacio para reducir costos y hacer que esta tecnología sea más accesible para quienes buscan alternativas frente a las motocicletas de combustión.
Pero el incentivo no garantiza por sí mismo que las motos eléctricas bajen de precio. Su impacto dependerá de cuánto inviertan las ensambladoras, qué componentes logren producir localmente y cómo evolucione la demanda. También será determinante que Colombia desarrolle condiciones adecuadas para cargar y mantener estos vehículos.
La decisión, en todo caso, marca un cambio de dirección para la industria colombiana de motocicletas. El mensaje es claro: las motos eléctricas dejaron de ser solamente una alternativa de movilidad y empiezan a convertirse en una herramienta para transformar la producción nacional.
Con el nuevo esquema, las empresas tienen un incentivo concreto para fabricar más modelos eléctricos, mientras Colombia busca que esa transición genere empleo, proveedores y mayor valor agregado. Ahora será la industria la que tendrá que demostrar si este beneficio puede convertirse en una verdadera aceleración de la movilidad eléctrica en el país.






























